jueves, 4 de septiembre de 2014

Complejo español, grandeza colombiana




España siempre ha sido un país acomplejado. Dominamos el mundo y acabamos como lacayos. Dimos nacimiento a la segunda lengua más hablada del mundo y ni siquiera es lengua oficial en la Unión Europea. Acomplejados también cuando haciendo uso de tretas y artimañas nos quitan lo que es nuestro, y no sabemos defenderlo. La cuestión de los toros en Cataluña llegó al constitucional para morir de inanición.

En Colombia las cosas son diferentes. Un guerrillero con aires de diosesito decide quitar los toros, porque sí, sin mas, y los colombianos alzán la voz. Los profesionales son capaces de defender su pasión y profesión con la misma vida, y los politicos y jueces ponen puntos sobre ies. La Corte Constitucional obliga al guerrillero Petro a volver a activar la actividad taurina de la SantaMaría, y le da un plazo de 6 meses para dar cumplimiento al mandato. Banderillas negras al manso alcalde de Bogotá, que creyendose Miura, es becerrito huidizo.

La Sentencia dice así (destacando en negrita los aspectos mas relevantes):



Corte Constitucional
T -296 de 2013
(Sala de Tutela No 2)

1. Demanda. La Corporación Taurina de Bogotá (CTB) presentó demanda de tutela contra el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), buscando la protección de los derechos al debido proceso y la libertad de expresión artística, presuntamente vulnerados por la terminación unilateral y anticipada del contrato de utilización de la Plaza de Toros de Santa María para la presentación de espectáculos taurinos con muerte del animal, y la suspensión de la venta de abonos y la cancelación de la novillada de la temporada taurina.

2. Legitimación. La Sala reiteró jurisprudencia sobre aptitud de las personas jurídicas  como titulares de los derechos fundamentales al debido proceso y a la libre expresión artística y cultural, ante la posible ocurrencia de un perjuicio irremediable. Respecto del segundo, destacó en rol de la accionante en la realización efectiva del derecho como promotor y difusor de este tipo de expresiones artísticas y culturales.

3. Subsidiaridad. La Sala se abstuvo de pronunciarse sobre aspectos y meramente legales y consideraciones de tipo patrimonial, de competencia de otras jurisdicciones. Se verificó la inminencia de un perjuicio irremediable para los derechos de libre expresión y debido proceso de la accionante, por la imposibilidad de celebración y difusión de un espectáculo artístico y cultural que requiere de la Plaza taurina para su realización periódica y regular.

4. El problema jurídico constitucional. La decisión administrativa distrital de no permitir al accionante la presentación de espectáculos taurinos que conlleven sufrimiento y muerte del animal en la Plaza de Toros de “Santa María” de Bogotá, contenida principalmente en la resolución IDRD No 280/12 de terminación anticipada del contrato de utilización de la Plaza, vulnera: (i) el derecho al debido proceso, por la posible incompetencia de la autoridad distrital para adoptar tales decisiones administrativas que impiden la realización de espectáculos taurinos en los términos y modalidades previstos en la ley? (ii) el derecho a la libertad de expresión artística, por la posible restricción indebida del contenido de una actividad legalmente regulada y definida como “expresión artística del ser humano”?

5. El régimen legal de los espectáculos taurinos. El Legislador ya ha fijado las reglas del espectáculo taurino y la tauromaquia: (i) el Reglamento Nacional Taurino tiene rango legal; (ii) el espectáculo taurino es un modo de “expresión artística del ser humano” -Ley 916/04, artículo 1-; (iii) consiste en una secuencia de tres ‘tercios’, de “varas” y de “banderillas”, que conducen al tercio final o de “muerte” definido como su etapa culminante y significante -Ley 916/04, artículo 12-; (iv) la Plaza de Toros de “Santa María” ha sido legalmente destinada como escenario de espectáculos taurinos en Bogotá y calificada como plaza de 1ª categoría -Ley 916/04, artículos 3, 4 y 10-.

6. Permisión legal de la actividad taurina. La Ley 84 de 1989 exceptuó de la prohibición general del maltrato animal los espectáculos taurinos -corrida de toros, rejoneo, novilladas, tientas, becerradas-,  y determinados actos propios de la tauromaquia -herida, lesión, muerte del toro y el correspondiente espectáculo (Ley 84 de 1989, artículos 6 y 7, y sentencias constitucionales C-1192/05 y C-666/10). La Corte Constitucional declaró la exequibilidad condicionada de tales excepciones, en un proceso de armonización entre el deber constitucional de protección de los animales y el deber también constitucional de promoción de la diversidad y el pluralismo cultural.

7. Reiteración jurisprudencial sobre los espectáculos taurinos. La Corte Constitucional, en las sentencias C-1192/05, C-666/10 y C-889/12, ya había establecido y reiterado lo siguiente: (i) la constitucionalidad de la calificación legislativa de la tauromaquia como “expresión artística del ser humano” contenida en el artículo 1° de la Ley 916 de 2004, como cosa juzgada constitucional; (ii) el condicionamiento de la sentencia C-666/10 relativo a la “morigeración” o “eliminación” del maltrato animal del condicionamiento de la Sentencia C-666 de 2010, no está dirigido a la autoridad administrativa sino al Legislador, único competente para efectuar armonizaciones distintas a las realizadas por la Corte Constitucional; (iii) dicho condicionamiento no faculta a autoridades administrativas nacionales o territoriales para disponer la exclusión del “tercio de muerte” u otra actividad propia del espectáculo taurino legalmente autorizado, ni para supeditar su realización a tal exigencia o imponer condiciones más restrictivas a las ya existentes para su realización; (iv) la Sentencia C-666 de 2010 impone otras condiciones para la realización de espectáculos taurinos como el arraigo social del mismo y su realización periódica y regular, que implican la constitucionalidad de tal expresión artística y la viabilidad de su celebración en los municipios o distritos y fechas o temporadas habituales; (v) la prohibición de destinación de dineros públicos por parte de las autoridades administrativas territoriales para la construcción  de instalaciones exclusivamente destinadas a los espectáculos taurinos, no niega la obligación de adelantar el mantenimiento y la adecuación de los escenarios ya existentes con el fin de garantizar la salubridad y la seguridad y tranquilidad ciudadanos en dichos escenarios, ni impide la construcción de escenarios taurinos que compartan su propósito con otras actividades, pues la prohibición se refiere solo instalaciones de dedicación exclusiva; (vi) la sentencia C-889/12 ha sido clara al establecer que las autoridades administrativas no pueden imponer limitaciones de los derechos constitucionales más intensas que las previstas en las leyes, pues solo ejercen la función de policía que se encamina a la realización de la ley, careciendo de “un poder discrecional para definir la autorización de la práctica taurina”.

8. Precisión sobre el condicionamiento 1º de la C-666/10: reiteración de jurisprudencia. El condicionamiento consistente en que “se eliminen o morigeren en el futuro las conductas especialmente contra ellos en un proceso de adecuación entre expresiones culturales y deberes de protección a la fauna”, y en general, a que los animales reciban “protección especial contra el sufrimiento y dolor durante el transcurso de esas actividades”, que acompañan la declaración de exequibilidad de la sentencia C-666/10 y fueron fundamento de los actos admistrativos demandados, tienen el siguiente alcance: (i) se basan en el imperativo de armonizar los valores constitucionales en tensión, el deber de protección animal y el deber de protección de la diversidad y la riqueza cultural; (ii) consisten en que “en el futuro” debe haber una regulación de rango legal más detallada de las actividades con animales objeto de excepción al deber de maltrato; (iii) disponen la “necesaria” la intervención del Legislador para expedir una regulación que, a futuro, refuerce la protección de los animales en los casos de permisión legal de su maltrato; (iv) reiteran lo anterior, al expresar que “excede el ámbito de la Corte Constitucional” la determinación del detalle de los elementos normativos de tal regulación, que “cae dentro de la órbita exclusiva del Legislador”; (v) y finalmente prevén la concurrencia complementaria de autoridades territoriales “con competencias normativas en la materia” -al caso, concejos municipales y distritales- a través de “una regulación de rango infralegal”, como también de las autoridades ejecutivas en ejercicio de sus funciones administrativas de policía.

9. La tauromaquia como manifestación cultural y el deber de protección de los animales. (i) La cultura es un bien constitucional protegido en el ordenamiento jurídico colombiano, y la Constitución de 1991, en sus artículos 2, 7, 8, 70 y 71, contiene normas que promocionan y protegen la cultura y sus distintas formas de manifestación dentro del territorio colombiano, salvaguardando especialmente el carácter plural de las expresiones culturales. (ii) La cultura es uno de los valores constitucionales que permiten la excepción al deber de protección animal. (iii)El conflicto entre la cultura y el deber de protección animal, como valores constitucionales, debe resolverse mediante un proceso de armonización en cada caso concreto, efectuado por el juez constitucional. (iv) En el caso de la tauromaquia existe conflicto entre los valores de protección animal y de promoción de la cultura; por esto, la Corte debió realizar una armonización concreta en los condicionamientos de la sentencia C-666 de 2010 permitiendo la realización del espectáculo taurino como expresión cultural en lugares donde tuviera reconocido arraigo social.

10. Vulneración del derecho fundamental al debido proceso. Ni el marco legal para la realización de la tauromaquia, el Reglamento Nacional Taurino (L.916/04), ni los condicionamientos introducidos por la Corte Constitucional (Sentencia C-666/10), facultan a la administración distrital para imponer la alteración de la estructura del espectáculo taurino para eliminar la muerte del toro, como tampoco para impedir la realización de espectáculos taurinos que cumplieran los requisitos constitucionales y legales. Tomar decisiones administrativas en cualquiera de estos dos sentidos implica sustraer la competencia del Legislador en la definición de las condiciones para la realización de la expresión artística y cultural taurina, y por ende implica la vulneración del derecho al debido proceso por defecto orgánico.

11. Vulneración del derecho a la libre expresión artística: Se verificó la vulneración del derecho a la libre expresión artística de la Corporación Taurina de Bogotá, en su faceta de difusión, porque la autoridad administrativa: (i) intervino indebidamente el contenido de la expresión artística y cultural a realizarse en la Plaza de Toros de Bogotá, cuyo suceso correspondía garantizar a la Corporación como organizador del espectáculo y responsable del mismo ante el público; (ii) coartó injustificadamente el derecho de la CTB a la promoción y difusión de un espectáculo protegido como expresión artística y manifestación cultural; y (iii) actuó en ausencia de autorización legislativa previa para imponer limitaciones a la difusión de la forma expresiva taurina.

12. Prevención de actos de censura. (i) La Corte constata que la autoridad administrativa en el presente caso invocó la sentencia C-666 de 2010, como fundamento de la competencia que desplegó; reiterado por la Corte el alcance de la sentencia C-666/10 y sus condicionamientos, no se encuentra que las decisiones administrativas adoptadas hubieren obedecido a previsiones la imposición de valoraciones estéticas determinadas, ni a pretensiones de corrección o legitimidad en los actos públicos, como tampoco a oficiar en representación del querer de una mayoría o un sector minoritario de presión respecto de la abolición o restricción fundamental del espectáculo taurino; en consecuencia, no concluye que en los actos lesivos del derecho de libre expresión artística haya existido una decisión de censura. (ii) Por el contrario, constituiría acto de censura el que las autoridades administrativas de cualquier nivel territorial, sea nacional, departamental, distrital o municipal, incluyendo los cuerpos colegiados con autoridades normativas como Asambleas Departamentales o Concejos, supediten la divulgación de contenidos expresivos, incluidos los artísticos, a un permiso, autorización o examen previo, o al recorte, adaptación o modificación del contenido, como también el acto que impida difundir o tener acceso público a dichas expresiones artísticas, como  imposición de una visión específica de lo deseable moral o estéticamente, a cargo del poder.

13. Daño consumado: A pesar de verificarse la existencia de la vulneración del derecho al debido proceso, fue necesario declarar la existencia de un daño consumado frente a la temporada taurina 2013, siendo imposible restablecer el derecho frente a la misma por las restricciones impuestas por el condicionamiento de la sentencia C-666/10.

14. Decisión: Se decidió tutelar los derechos fundamentales al debido proceso y a la libre expresión artística y cultural, revocando los actos administrativos atacados, y ordenando:

Primero.- REVOCAR por las razones expuestas en esta providencia, la Sentencia del 16 de octubre de 2012 del Juzgado Veinticinco Civil del Circuito de Bogotá, que confirmó la Sentencia del 8 de agosto de 2012 del Juzgado Cincuenta y Siete Civil Municipal de Bogotá, que negó el amparo solicitado, y en su lugar TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso administrativo y a la libre expresión artística, invocados por la Corporación Taurina de Bogotá, dejando sin efectos la Resolución 280 de 2012, “por medio de la cual se revoca el Contrato No. 411 de 1999”;  y el Oficio 20121010062061 del 26 de abril de 2012, por medio del cual se suspendió la venta de abonos y las novilladas en el marco del Festival de Verano.

Segundo.- DECLARAR la existencia de un daño consumado en relación con la realización de la temporada taurina correspondiente al año 2013.

Tercero.- ORDENAR a la entidades accionadas: (i) restituir de manera inmediata la Plaza de Toros de Santa María como plaza de toros permanente para la realización de espectáculos taurinos y la preservación de la cultura taurina, sin perjuicio de otras destinaciones culturales o recreativas siempre que éstas no alteren su destinación principal y tradicional, legalmente reconocida, como escenario taurino de primera categoría de conformidad con la Ley 916 de 2004; (ii) rehabilitar en su integridad las instalaciones de la Plaza para la realización de espectáculos taurinos en las condiciones habituales de su práctica,  como expresión de la diversidad cultural y el pluralismo social, en garantía de la salubridad, la seguridad y la tranquilidad de las personas que utilicen dichos escenarios para realizar su expresión artística o para disfrutarla; (iii) abstenerse de adelantar cualquier tipo de actuación administrativa que obstruya, impida o dilate su restablecimiento como recinto del espectáculo taurino en Bogotá D.C.

Cuarto.- ORDENAR a las autoridades distritales competentes disponer lo necesario para la reanudación del espectáculo taurino en la Plaza de Toros de Santa María de Bogotá, mediante la adopción de mecanismos contractuales u otros administrativos que garanticen la continuidad de la expresión artística de la tauromaquia y su difusión, teniendo en cuenta: (i) la reapertura de la Plaza como escenario taurino en condiciones de neutralidad e igualdad, garantizando la selección objetiva de los proponentes y la realización de los fines de transparencia en la administración pública aplicables al proceso; (ii) el restablecimiento de los espectáculos taurinos en las fechas u ocasiones usuales en la ciudad de Bogotá, incluyendo tanto la temporada regular en los primeros meses del año como el Festival de Verano en el mes de agosto; (iii) la sucesiva, periódica y regular realización de las actividades taurinas tradicionales, con las características habituales de la calidad y contenido de tal expresión artística.

Quinto.- El IDRD dispondrá de seis (6) meses, a partir de la notificación de la presente providencia, para el cumplimiento de lo ordenado en el resolutivo anterior -cuarto-, a través de los procedimientos contractuales u otros administrativos del caso conducentes a la reanudación de los espectáculos taurinos tradicionales y periódicos, en los términos de la Ley 916 de 2004.

MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado Ponente

LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado

SALVAMENTO DE VOTO

MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General

SALVAMENTO DE VOTO.